Cada 9 de abril, Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, una fecha establecida por la Ley 1448 de 2011 para reconocer a quienes han sufrido los impactos del conflicto armado y reafirmar el deber del Estado y de la sociedad de proteger sus derechos. La conmemoración no es un gesto simbólico aislado: es una invitación a mirar de frente la historia, escuchar a las comunidades y convertir la memoria en una base real para la dignidad, la reparación y la no repetición.
Hablar de víctimas en Colombia sigue siendo hablar de una realidad de enorme dimensión humana. El Registro Único de Víctimas continúa siendo la herramienta oficial para reconocer y registrar a las personas afectadas por hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto armado, y la Unidad para las Víctimas mantiene actualizadas sus rutas de atención, participación y reparación. Esa institucionalidad importa, pero no basta por sí sola: detrás de cada registro hay familias, liderazgos, organizaciones y comunidades que siguen reconstruyendo su vida en medio de profundas desigualdades territoriales.
El contexto reciente confirma que la memoria no puede separarse del presente. La Defensoría del Pueblo reportó que durante 2025 se documentaron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país. Estas cifras muestran que, para miles de personas, la victimización no pertenece solo al pasado: sigue teniendo efectos concretos sobre la vida, la permanencia en el territorio y el ejercicio de derechos fundamentales.
A esto se suma la alerta reiterada de organismos internacionales sobre la persistencia de la violencia en los territorios y la necesidad de fortalecer la prevención, la protección y la respuesta estatal. En 2026, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos insistió en que Colombia necesita acciones más efectivas para enfrentar la violencia contra personas defensoras y líderes sociales, asunto estrechamente ligado a la protección de comunidades victimizadas y a la garantía de condiciones reales para la paz en los territorios.
Por eso, conmemorar el mes de las víctimas implica mucho más que recordar. Implica reconocer el valor de las comunidades que sostienen procesos de memoria, de las mujeres que lideran la reconstrucción del tejido social, de las organizaciones que documentan, acompañan y exigen justicia, y de los territorios que siguen apostándole a la vida aun en medio de enormes dificultades. La memoria, cuando se asume con seriedad, no paraliza: orienta. Nos recuerda que la reparación debe ser integral, que la participación de las víctimas es indispensable y que la no repetición exige transformaciones institucionales y sociales de largo plazo.
Desde FUDEHUMANOS, esta fecha se entiende como un llamado ético y público. Escuchar a las víctimas, fortalecer liderazgos territoriales, visibilizar procesos comunitarios e insistir en respuestas institucionales con enfoque de derechos sigue siendo una tarea vigente. En abril, la memoria se encuentra con la dignidad, pero también con la responsabilidad de actuar para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición dejen de ser solo principios y se conviertan en realidades más cercanas para quienes han soportado el peso del conflicto.
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